“Tranquilamente, la ganadería, la agricultura y la forestación van a poder aumentar la eficiencia productiva, bajar los costos y, tal vez, intentar recibir un adicional de ingresos a través de créditos de carbono”, señaló Andrés Costamagna, director del área de Sustentabilidad de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
El proyecto define cada crédito como un instrumento certificado que representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente evitada, reducida o removida frente a un escenario de referencia. En el agro, la oportunidad comprende iniciativas relacionadas con suelos, pasturas, bosques y tratamiento de efluentes, siempre que sus resultados puedan medirse y verificarse.
“La Argentina tiene una gran oportunidad porque tiene recursos naturales suficientes, porque puede ofrecer servicios basados en la naturaleza, porque puede ayudar a proteger y a conservar si aparece financiamiento”, sostuvo Costamagna. A su entender, también es posible incrementar la producción agropecuaria mediante prácticas sostenibles, aunque hacen falta “incentivos claros”.
Para los productores, una cuestión central es determinar quién tendrá derecho a los créditos y a los ingresos que generen. El texto los define como bienes inmateriales de carácter patrimonial, con individualidad jurídica y económica propia, separados del inmueble, el recurso natural y la actividad de los que provienen. También precisa que figurar como titular en el registro de una certificadora no otorga automáticamente la propiedad económica, que dependerá de los acuerdos y contratos con quienes tengan derechos reales sobre los bienes incluidos en el proyecto.
“Esto tiene que ver con respetar la propiedad privada, con que el dueño de la tierra sea el principal beneficiario de los proyectos de carbono y con generar un marco de tranquilidad y de transparencia para que las inversiones lleguen”, afirmó Costamagna.
La iniciativa prevé, además, programas promovidos por el Estado nacional, las provincias o los municipios, que podrán incluir, entre otras actividades, la agricultura y el uso de la tierra. La adhesión será voluntaria y los propietarios podrán retirarse mediante un mecanismo “directo, simple y gratuito”, sin autorización estatal previa.
El texto también reconoce la posibilidad de desarrollar proyectos individuales en los inmuebles. Sus resultados deberán descontarse de los obtenidos por el programa jurisdiccional, para evitar superposiciones. Quienes sigan dentro del esquema sin llevar adelante una iniciativa propia tendrán derecho a los beneficios que les correspondan según el mecanismo de distribución. La escala será otro desafío para que la oportunidad llegue a pequeños y medianos productores.
Martín Fraguío, director de Carbon Group Agro-Climatic Solutions, sostuvo que las herramientas tendrán que adecuarse a las características de cada zona y actividad. “En zonas de muy pequeños productores, de montes donde su actividad principal por caso son cabras, chivos, y otras, creo que va a haber que armar programas colectivos, como de barrio”, explicó. Según indicó, los esquemas colectivos pueden abaratar los costos de participación.
Para el especialista, tras el avance legislativo habrá que definir cómo adaptar los programas a cada región. Ingresar al mercado requerirá demostrar resultados. El proyecto exige reducciones o remociones reales, medibles y verificables, así como permanencia y adicionalidad: el beneficio climático debe superar el que se habría producido sin el proyecto. También establece monitoreo, reporte y verificación mediante auditorías independientes, y prohíbe contabilizar una misma reducción más de una vez para cumplir metas climáticas.
El proyecto establece “en cero los derechos de exportación para las transferencias internacionales de créditos y prevé diez años de estabilidad fiscal nacional para los proyectos registrados”. También habilita el uso de los créditos como respaldo, fuente de repago o garantía de instrumentos financieros. “En el sector que administra estos ecosistemas terrestres, las plantas hacen fotosíntesis. Y cuando la planta hace fotosíntesis, absorbe una cantidad enorme de CO2 de la atmósfera”, dijo Fraguío.
El especialista enmarcó la discusión en el Acuerdo de París de 2015 y en las herramientas de financiamiento destinadas a proyectos de mitigación. Según planteó, el desafío para la Argentina consiste en aprovechar ese interés para atraer inversiones que también lleguen al campo. “Entre todas esas inversiones está el productor agropecuario, para que mejore sus suelos, mejore sus ecosistemas”, señaló.
Para garantizar la trazabilidad, la iniciativa crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), que será digital, público y gratuito. La inscripción tendrá carácter declarativo y no funcionará como una autorización previa para comercializar. El permiso estatal y el ajuste correspondiente serán necesarios en operaciones en las que, por ejemplo, otro país utilice esos resultados para cumplir sus compromisos climáticos, o en mecanismos internacionales que exijan ese procedimiento.
Costamagna también relacionó las perspectivas del agro con la demanda del sector energético. “Creemos que tenemos una oportunidad importante con las empresas de energía, porque somos complementarios, no somos adversarios”, dijo. Su expectativa es que los proyectos agropecuarios aporten créditos para compensar las emisiones de otras actividades.
Por ahora, esa posibilidad está supeditada al trámite legislativo y a la puesta en marcha del sistema. “Todavía falta que los diputados de la Nación estén de acuerdo y apoyen esta iniciativa”, señaló el representante de la Rural. Para los productores, la etapa siguiente será encontrar la manera de transformar las mejoras ambientales verificadas en proyectos viables y en ingresos concretos.
En términos técnicos, el proyecto fija reglas para participar en los mecanismos del artículo 6 del Acuerdo de París, que habilitan la cooperación internacional para alcanzar objetivos climáticos. Si una transferencia exige que el resultado se contabilice fuera de la Argentina, contempla un “ajuste correspondiente” para impedir que una misma reducción de emisiones se compute en dos países. A la vez, permite que los proyectos participen en mercados voluntarios nacionales e internacionales sin ese ajuste cuando la operación no lo requiera.
El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, afirmó: “Mercados de carbono: es la reglamentación del Acuerdo de París y abre una exportación que no necesita ni barcos ni aviones. Los proyectos se hacen acá, se registran y se exportan contablemente. Puede significar hasta US$3900 millones de exportación”.
