El pasado 24 de abril, la Sala IV de la Casación Federal, compuesta por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, ratificó el decomiso de 111 bienes inmuebles, en virtud de las condenas firmes emitidas en el marco del caso Vialidad, decisión que había sido acordada por el TOF 2 a finales del año anterior.
En la votación, Borinsky emitió una disidencia parcial, argumentando que no deberían ser decomisados los bienes de Máximo y Florencia Kirchner; sin embargo, la decisión fue unánime en mantener la recuperación de activos provenientes de actos de corrupción.
Ante este fallo, los defensores de la familia Kirchner presentaron un recurso extraordinario para contrarrestar la ejecución de los inmuebles. La Cámara de Casación ahora debe decidir si acepta o rechaza este recurso, que podría llegar hasta la Corte Suprema.
Si se niega el recurso, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner tendrían la opción de apelar ante el máximo tribunal, que tendrá la última palabra en un proceso en el que también están involucradas 85 propiedades de Lázaro Báez, dado que el decomiso se realiza de manera solidaria entre todos los condenados. En este contexto, la expresidenta y su ex socio comercial son los propietarios de la mayor cantidad de bienes a afectar.
El fallo unánime de los magistrados destacó que el decomiso no necesita identificar de forma precisa el mismo bien asociado al delito, ya que “dado que el dinero es fungible y puede transformarse o mezclarse con activos lícitos, lo crucial es la equivalencia patrimonial como beneficio del delito y la conexión económica con este”.
Los asesores legales de Cristina Kirchner consideran que el criterio de “decomiso amplio” aplicado en este caso es erróneo y no está respaldado por una normativa específica.
La decisión de la Casación Federal facilita la ejecución de 20 propiedades pertenecientes a la familia Kirchner, que comprenden un inmueble a nombre de la ex presidenta y 19 propiedades que han sido heredadas gratuitamente a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
Por su parte, Lázaro Báez enfrentará la pérdida de más de 80 propiedades, incluidos inmuebles de las empresas utilizadas para llevar a cabo la maniobra fraudulenta en torno a las 51 licitaciones viales otorgadas.
Mientras el proceso aguarda la resolución de la Corte Suprema de Justicia, el TOF 2, compuesto por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, avanza en una segunda fase de decomiso solicitada por el fiscal general Diego Luciani.
