La industria farmacéutica logra una concesión clave en el Congreso sobre el Tratado de Cooperación de Patentes (TCP)
La industria farmacéutica argentina se anotó un triunfo de alto impacto en el Congreso de la Nación. Tras intensas negociaciones y presiones, logró que el bloque oficialista La Libertad Avanza (LLA) hiciera una concesión crucial en la redacción final del Tratado de Cooperación de Patentes (TCP), un acuerdo internacional que se esperaba dictaminar este martes en la Cámara de Diputados.
Implicancias del cambio y el camino legislativo
De concretarse la modificación en la “letra chica”, el texto del Tratado, que ya había obtenido la media sanción del Senado, deberá volver a la Cámara Alta para su ratificación definitiva, demorando el proceso. A pesar de este potencial impasse, el oficialismo celebra haber podido destrabar la discusión de un tema que llevaba 28 años de parálisis legislativa. El gobierno de Javier Milei se prepara para capitalizar este avance en medio del escándalo que involucra al vocero presidencial, Manuel Adorni, que continúa acaparando la agenda mediática.
Sesión clave en Diputados
La firma del dictamen del TCP está programada para este martes a las 15 horas, en una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria. El gobierno de Milei había asumido el compromiso de tener el Tratado ratificado antes de fin de mes, en un movimiento que se enmarca dentro de la estrategia de fortalecer lazos y acuerdos comerciales, especialmente con los Estados Unidos.
Casi tres décadas de demoras y la resistencia farmacéutica
El TCP fue inicialmente aprobado por el Senado en 1998. Sin embargo, su recorrido se frenó abruptamente en Diputados, donde permaneció estancado durante casi tres décadas. Esta prolongada parálisis se debió, en gran medida, a las fuertes presiones ejercidas por los laboratorios de la industria farmacéutica local. La preocupación de este sector se centraba en cómo la ratificación del Tratado podría afectar su modelo de negocio, su rentabilidad y, fundamentalmente, su control sobre la propiedad intelectual en el país.
El efecto jurídico del TCP
La relevancia del Tratado radica en que, una vez ratificado por el Congreso, una simple solicitud internacional de patente presentada con éxito bajo el marco del TCP adquiere el mismo efecto jurídico que si esa solicitud fuera presentada por separado en cada uno de los 158 Estados contratantes. Esto simplifica significativamente el proceso de patentamiento a nivel global, pero genera inquietud en la industria local que teme una mayor competencia y un acceso más fácil a las patentes extranjeras.
El foco de las presiones: el Capítulo II
Con la reactivación del debate impulsada por el gobierno libertario, las presiones de la industria farmacéutica volvieron a intensificarse. Desde el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, se reconoció que la discusión con los laboratorios fue “constante”. En las últimas semanas, la tensión se concentró específicamente en el Capítulo II del Tratado.
El reclamo específico de los laboratorios
El pedido central de la industria farmacéutica giró en torno a la posibilidad de que Argentina pudiera hacer una reserva específica sobre el uso que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) hace de las opiniones preliminares emitidas por otras oficinas de patentes internacionales.
El INPI es el organismo clave en este proceso, encargado de registrar y proteger los derechos de propiedad industrial, incluyendo marcas, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. La reserva solicitada apunta a limitar el valor de estas opiniones externas.
Una reserva de valor más simbólico que sustantivo
Fuentes del Ministerio de Desregulación explicaron a la prensa que, de los 158 países adheridos al PCT (el marco de cooperación de patentes), solo Uruguay mantiene una reserva de este tipo. “Como Uruguay la tiene, acá la piden, pero, a esta altura, es más simbólica que sustantiva”, indicaron.
Además, desde el oficialismo se argumentó que, en la práctica, “el INPI ya usa esos dictámenes -que no son vinculantes- sin necesidad de un Tratado”. Por lo tanto, la situación práctica sobre el examen de patentes “no cambiaría mucho” con la inclusión de esta reserva, aunque su logro representa una victoria política para la industria farmacéutica local.
