“Reclamamos la urgente convocatoria a paritarias, la recomposición salarial y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario”, indicó la organización a través de un comunicado.
El gremio de docentes universitarios ha expresado que se requiere un aumento del 52,1% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde la llegada de Milei a la presidencia.
El conflicto se intensificó tras la toma de los colegios preuniversitarios.
La convocatoria al paro se hizo pública poco después de que los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini decidieran ocupar ambos establecimientos como parte de su lucha en defensa de la educación pública.
La medida fue aprobada en asambleas estudiantiles y, según los estudiantes, tendrá una duración indefinida, aunque se realizarán reuniones diarias para evaluar su continuidad.
Además, el reclamo también se relaciona con la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y las condiciones salariales de los docentes de los colegios vinculados a la Universidad de Buenos Aires.
Francisco Pitrola, presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, declaró en Radio con Vos que los docentes de estos establecimientos “están cobrando un 30% menos que los docentes de las escuelas de la Ciudad”.
“Eso denota un claro ataque directo a las universidades”, aseguró. Asimismo, opinó que “el gobierno de Javier Milei busca un eventual arancelamiento para ir deteriorando esa educación pública, que tanto nos costó conseguir”.
El conflicto por el financiamiento sigue vigente.
Desde 2024, la problemática relativa al financiamiento universitario ha provocado cuatro movilizaciones a nivel federal y varias jornadas de protesta por parte de estudiantes, docentes y personal no docente.
El martes pasado, la Universidad de Buenos Aires (UBA) llevó a cabo una nueva jornada de clases públicas en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires, destacándose un acto central frente al Palacio de Tribunales. Esta convocatoria fue organizada por gremios docentes y no docentes, quienes mantienen una lista común de reclamos.
La Ley de Financiamiento Universitario fue promulgada el 21 de octubre de 2025, después de que el Congreso decidió rechazar los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, su implementación queda pendiente hasta que se establezcan las fuentes de financiamiento y se integren las partidas necesarias en el presupuesto.
A la par, el asunto avanza en la Justicia. Un fallo de primera instancia, seguido por su confirmación en Cámara, ordenó la aplicación de artículos esenciales de la ley relacionados con la recomposición salarial y el financiamiento. Sin embargo, el Estado ha apelado estas decisiones y el caso sigue en discusión.
Mientras tanto, el oficialismo ha presentado un nuevo proyecto de ley al Congreso que busca modificar la ley actual. Esta iniciativa no considera una recomposición por lo sucedido en 2024 y 2025, y establece para 2026 una actualización presupuestaria que dependerá de que la inflación anual supere el 14,3%.
