La canasta de servicios analizada incluye 300 kW de electricidad, 64 metros cúbicos de gas y 60 pasajes en colectivo para distancias de seis a nueve kilómetros para dos personas, según explicó el economista Carlos Pérez. Para quienes no reciben subsidios, el gasto mensual alcanzó los 275.000 pesos, mientras que aquellos que sí tienen subsidios incurrieron en un gasto menor. La variación del gasto en servicios en el último año fue del 55%, cifra que superó tanto la inflación como el incremento salarial.
Pérez remarcó que tanto las familias beneficiadas con subsidios como aquellas que no los perciben han visto un aumento considerable en la proporción de sus ingresos dedicada a los servicios. Las familias de ingresos más bajos enfrentaron el mayor impacto, destinando un 22% de su ingreso familiar a este rubro.
El economista subrayó que la administración nacional ha priorizado el proceso de desinflación sobre la mejora de las condiciones sociales de diversos sectores de la población. Afirmó que el actual Gobierno ha optado por contener la inflación, incluso sacrificando un crecimiento económico más dinámico. Explicó que el consumo, que representa el 70% del producto bruto interno, se ha visto afectado por las decisiones de política económica de los últimos doce meses.
En esta línea, Pérez indicó que el Gobierno se ha mantenido firme en su enfoque de desinflación, lo cual ha limitado el crecimiento del salario real y del consumo. “El Gobierno prioriza el proceso de desinflación a costa de un crecimiento económico más moderado”, señaló. El impacto en el consumo se ha reflejado en la evolución de las variables económicas en el último año.
Los aumentos en el gasto por servicios no se distribuyeron de manera uniforme; los ingresos más bajos experimentaron el mayor impacto, aunque los hogares de ingresos medios y altos también notaron un aumento, aunque menor.
En cuanto a las reservas internacionales, Pérez explicó que el Gobierno recibió el país con reservas netas en cifras muy negativas. Durante la primera mitad de 2026, el Banco Central logró adquirir más de once mil millones de dólares, lo que elevó las reservas internacionales netas en casi siete mil millones de dólares. A pesar de esta mejora, el total de reservas sigue en niveles bajos.
Pérez consideró desafortunada la política de reservas del Gobierno en 2025, aunque reconoció avances en 2026. Sin embargo, advirtió que la situación estructural de las reservas continúa siendo preocupante. La prioridad del Gobierno sigue siendo el control de la inflación, a pesar de que otros indicadores muestran signos de recuperación.
El mejoramiento en las reservas brinda alivio en el corto plazo, pero no soluciona los problemas estructurales. Pérez aclaró que el gasto en servicios también se duplicó en los deciles de ingresos más altos, no obstante, la carga se siente mucho más en los hogares de menores ingresos.
Para ilustrar la situación económica, Pérez usó una metáfora médica, argumentando que Argentina ha salido de la “terapia intensiva” en la que se encontraba en 2023, aunque aún está lejos de recibir el “alta hospitalaria”. La recuperación económica es modesta y desigual, afectando a distintos sectores a ritmos dispares.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) ha mostrado variaciones mensuales bastante irregulares, reflejando así un crecimiento frágil y desigual. Pérez alertó que 2027 traerá mayores desafíos: se enfrentarán más vencimientos de deuda pública en dólares y un contexto electoral que podría empujar a la dolarización de activos.
El Gobierno busca despejar el panorama financiero con el fin de evitar que los riesgos relacionados a la deuda y la dolarización se agraven. Sin embargo, la economía enfrenta obstáculos estructurales que requieren políticas sostenidas y prudentes.
