El origen del caso se remonta a un laudo del CIADI dictado en 2017, en el que se condenó a Argentina a pagar 321 millones de dólares más intereses al grupo español Marsans por la reestatización de la aerolínea durante el kirchnerismo. Con el tiempo, esos derechos fueron adquiridos por el fondo Burford Capital, y luego por Titan Consortium, que actualmente reclama 390,9 millones de dólares más los intereses acumulados desde diciembre de 2024.
La disputa se ha trasladado a la Corte de Distrito de Columbia, en Washington, donde Titan ha solicitado el reconocimiento y la ejecución del laudo. Argentina intentó frenar el proceso alegando que el reclamo estaba prescripto, argumentando que el plazo para accionar era de tres años, pero el tribunal consideró que el límite era de doce años y reconoció la condena completa, incluyendo intereses y costos.
La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó en julio esta decisión, desestimando el planteo argentino sobre la prescripción y validando el reconocimiento del laudo. Este fallo generó preocupación en la Casa Rosada: con la sentencia ratificada, Titan puede proceder contra activos argentinos en Estados Unidos para cobrar la suma, lo que llevó al Gobierno a redefinir su estrategia.
En este contexto, la Procuración del Tesoro ha decidido presentar un pedido de revisión ante la misma Cámara de Apelaciones, como etapa previa a una posible llegada a la Corte Suprema de Estados Unidos. El objetivo es que el tribunal que confirmó la condena reexamine aspectos procesales y de plazos, y que, al menos, se habilite una oportunidad para discutir la ejecución y los tiempos de pago.
La ofensiva judicial está liderada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a su equipo de subprocuradores y la Secretaría Legal y Técnica. El Gobierno pretende replicar la estrategia que resultó en un triunfo significativo en el caso YPF, donde una Cámara del Segundo Circuito de Nueva York desestimó una medida extraordinaria de Burford, evitando una condena de 18.000 millones de dólares.
En esta nueva batalla, la estrategia no contempla, al menos por ahora, un pedido expreso de suspensión inmediata de la sentencia, ya que se considera que esa herramienta no es adecuada en la etapa actual del expediente. Sin embargo, el equipo jurídico evalúa opciones procesales para ganar tiempo y evitar que Titan avance rápidamente sobre los bienes argentinos.
El contexto político y económico que rodea el caso es complicado. La expropiación de Aerolíneas, impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se suma a una serie de reestatizaciones que, según estimaciones, han implicado para el Estado pérdidas que ascienden a decenas de miles de millones de dólares en términos operativos y condenas judiciales. El fallo sobre Aerolíneas reabre el debate acerca del verdadero costo de estas decisiones y la forma en que se llevaron a cabo las negociaciones con los antiguos propietarios.
La discusión legal en Washington ya no se centra en la conveniencia de la reestatización, sino en los momentos y las formas en que puede ejecutarse el laudo del CIADI. La Cámara de Apelaciones ha considerado que Titan procedió dentro del plazo de doce años previsto para el reconocimiento de sentencias extranjeras, lo que implica que Argentina debe hacer frente a la condena. En este momento, el Gobierno intenta cuestionar esa interpretación y, a su vez, explorar vías de negociación.
En la Casa Rosada se reconoce que el margen de acción es limitado. Si la Cámara rechaza la revisión, se recurrirá a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque con pocas probabilidades de que el tribunal máximo acepte el caso. No obstante, dicha presentación podría postergar la ejecución y crear espacio para posibles acuerdos o reestructuraciones de pago.
El efecto potencial sobre las finanzas públicas no es menor. En un contexto de ajuste fiscal y restricciones externas, realizar un desembolso cercano a 400 millones de dólares de una sola vez supondría presiones adicionales sobre las reservas y el programa económico. Por ello, la estrategia oficial combina argumentos jurídicos con una perspectiva macroeconómica: evitar o diferir el pago también es una forma de proteger la estabilidad financiera.
El caso de Aerolíneas se entrelaza, además, con otros litigios pendientes en tribunales internacionales, como el reclamo de la constructora italiana WeBuild por el congelamiento de tarifas del puente Rosario-Victoria. Cada fallo adverso refuerza la noción de que las decisiones de política económica y de propiedad estatal generan consecuencias a largo plazo en el ámbito jurídico y financiero.
En este contexto, la nueva ofensiva del Gobierno en Washington busca no solo un resultado puntual, sino también establecer un precedente sobre cómo se discuten y ejecutan los laudos contra Estados soberanos y la capacidad de Argentina para defenderse en instancias judiciales extranjeras. El desenlace del caso de Aerolíneas evidenciará hasta qué punto esta estrategia puede replicar el éxito logrado en YPF o, en cambio, si la expropiación de la aerolínea se consolidará como un nuevo y costoso capítulo en la historia de las reestatizaciones.
