Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, expresó en su cuenta de X que el Gobierno ha reconocido “aunque todavía de manera insuficiente, un reclamo legítimo de las universidades y de toda la sociedad”. Esta afirmación surge en el contexto de la reciente firma de un convenio entre el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional, que contempla una recomposición salarial del 24,33% en dos tramos, incrementos del 50% en las Becas Manuel Belgrano y la asignación de $50 mil millones para hospitales universitarios. El ex legislador de Evolución Radical afirmó: “Como siempre planteamos, el camino es el diálogo, la responsabilidad y una mirada estratégica para el desarrollo de nuestro país”, refiriéndose a la propuesta de recomposición que se dividirá en dos partes: un aumento del 21,33% en julio y un 3% en octubre. Este acuerdo representa además una suma de siete puntos para 2024, 12,33 puntos correspondientes a 2025 y una compensación por la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. Sin embargo, el acuerdo financiero no ha resuelto el litigio judicial en curso. Los rectores han decidido no retirar la demanda que se encuentra bajo análisis en la Corte Suprema en relación con los fondos universitarios. “Vamos a seguir exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y un Presupuesto 2027 que reconozca el valor central de la universidad pública”, agregó el vicerrector en su publicación. La causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, la cual ha sido ratificada en dos ocasiones, aunque actualmente se encuentra suspendida debido a un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. La resolución final recaerá en la Corte Suprema, que aún no ha fijado un plazo para su decisión. La posición oficial del Gobierno sostiene que la ley aprobada por el Congreso es “ilegal” ya que, según su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige la identificación de la fuente de los recursos. Por ello, el Gobierno considera que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes. Yacobitti subrayó que “nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo inmenso de la sociedad, de la comunidad universitaria y de los referentes de la cultura que se involucraron en esta lucha”, y destacó que este avance se logró también “gracias al trabajo de los diputados y senadores que sancionaron y ratificaron la Ley en el Congreso”. Las negociaciones también abordaron un acuerdo específico para el personal docente de los colegios preuniversitarios, donde la situación salarial es más crítica debido a la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, el FONID. Este deterioro es parte de las conversaciones en curso entre el Ejecutivo, las universidades y los sindicatos. El reclamo incluye a docentes y no docentes, mientras que los rectores insisten en que cualquier solución debe contemplar una instancia paritaria y un acuerdo con las organizaciones sindicales. Desde Conadu manifestaron su desconfianza respecto a los resultados inmediatos de lo acordado y afirmaron: “Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”. En este contexto, las universidades mantienen un estado de alerta. El 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y otras organizaciones de la comunidad universitaria realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia, pidiendo a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una pronta definición sobre la medida cautelar. Además, se llevaron a cabo protestas en los colegios preuniversitarios, donde estudiantes del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos como forma de manifestación.
