El Gobierno considera que se trata de un buque “ilegalmente destacado en las Islas Malvinas” y argumenta que su paso por aguas argentinas hacia el Estrecho de Magallanes, que pertenece a Chile, “no fue debidamente notificado de conformidad con los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes, involucrando el tránsito por el Mar Territorial argentino”.
Por su parte, desde Londres tanto el Foreign Office como el Ministerio de Defensa rechazaron estas afirmaciones y emitieron una respuesta oficial, indicando que la embarcación estaba realizando una “misión logística planificada” entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile.
Durante la controversia, habían sugerido que notificaron al Gobierno argentino sobre el paso del buque. Sin embargo, según fuentes locales, dicha notificación se realizó a través de WhatsApp y de forma tardía, lo que generó fricciones entre el Ministerio de Defensa, que ha adoptado una postura más nacionalista, y la actual Cancillería.
Este nuevo desacuerdo entre Argentina y el Reino Unido en torno al movimiento del buque ha suscitado posturas divididas dentro del Gobierno argentino, incluso provocando una fuerte reacción en Chile hacia sus aliados. No obstante, el asunto quedó entrelazado con el partido entre Argentina e Inglaterra, especialmente por la inconsistencia de la posición de no confrontar del presidente Javier Milei y de su canciller Pablo Quirno, quienes fueron desbordados por la enorme bandera que los jugadores argentinos desplegaron en el estadio de Atlanta, en la que se leía “Las Malvinas son Argentinas”.
Este mensaje intensificó el descontento en el Reino Unido, donde la política reaccionó con enojo, incluso refiriéndose a un artículo de opinión en el que Quirno intentó calmar la polémica al afirmar que las islas cuentan con “población implantada”, posicionamiento oficial argentino. Previamente, la vicepresidenta Victoria Villarruel había lanzado un duro comunicado en el que calificaba a los británicos como “piratas usurpadores”, y la tensión escaló con el mensaje de los jugadores en el estadio. En la prensa británica, miembros del gobierno de Keir Starmer se permitieron bromear, afirmando que “la Copa Mundial puede no ser nuestra, pero las Islas Falkland definitivamente lo son”. Asimismo, Nigel Farage, líder de la ultraderecha británica y aliado de Milei, expresó de manera confusa en sus redes: “Hagámoslo todo de nuevo tal como en 1982”.
La relación con Chile también ha sido tensa. El gobierno chileno recibió una protesta argentina el 13 de julio, donde la Cancillería resaltó que “el Gobierno argentino se ve obligado a remarcar la gravedad de esta situación, que implica el apartamiento del compromiso asumido por el Gobierno de Chile de no permitir el ingreso a puertos chilenos de buques destacados en el área en disputa”, relacionada con la presencia de marinos chilenos a bordo del Medway el 5 de julio durante su estancia en Punta Arenas.
Desde el Gobierno chileno también ha habido descontento. “La democracia chilena nunca dudó en apoyarlos. Promovemos la resolución en favor de Argentina en el Comité de Descolonización, mientras ustedes nunca nos apoyaron en la causa con Bolivia por la salida al mar. ¿Qué más quieren?”, dijo una fuente diplomática en Santiago, visiblemente molesta. El senador Alejandro Kusanovic, representante de la región de Magallanes, fue la única voz oficial que comentó sobre el tema, aunque prefirió no dirigirse directamente al Gobierno argentino, eludiendo la confrontación y contestando a miembros del kirchnerismo fueguino.
En redes sociales, el presidente Javier Milei, quien tiene planeado viajar con Quirno a Londres en octubre para participar en una actividad denominada “Argentina Week”, fue blanco de numerosas críticas por su admiración hacia las políticas económicas de Margaret Thatcher. Además, se cuestionó la postura de Monteoliva, quien, a pesar de no ser parte de su ámbito, se alineó con los pedidos de autoridades estadounidenses para restringir el ingreso de hinchas con carteles sobre Malvinas, presuntamente prohibidos.
Asimismo, el comunicado de Quirno fue percibido como “oportunista” y retrasado, ya que durante la semana muchos diputados solicitaban información al Gobierno respecto al incidente con el buque. Estos requerimientos llegaron de parte de legisladores peronistas como Guillermo Michel, quienes buscan establecer contacto con el gobierno británico sobre la situación, así como de representantes de Provincias Unidas y del Gobierno de Tierra del Fuego.
Quirno había considerado no elevar la protesta respecto al buque, pero se enfrentó dentro de la Cancillería, y también en la Casa Rosada, a sectores encabezados por la secretaria para Malvinas, Paola Di Chiaro, que demandaban una respuesta más firme ante los británicos. Según se supo, el Reino Unido notificó de manera tardía y por WhatsApp el movimiento del Medway —un buque que realiza tareas de disuasión, patrullaje y defensa—, cuando la normativa vigente desde los años noventa, acordada entre ambos países luego de la guerra de 1982, establece que por el tipo de embarcación se debe notificar con 48 horas de anticipación.
Quirno optó por no dar la cara ante las autoridades británicas y delegó esa tarea en su adjunto, Juan Manuel Navarro. Desde la Cancillería también se acalló la voz de Di Chiaro y de otros sectores que abogaban por una postura más dura. A pesar de su afinidad con la visión ultraliberal de Thatcher, Milei ha reiterado que las Malvinas son argentinas.
“En la diplomacia, el trabajo no se grita como en los goles, pero nos mueve la misma convicción: el orgullo de ser argentinos y la defensa permanente de nuestros intereses”, expresó Quirno en su cuenta de Twitter, acompañando el comunicado que fue rebatido por el Ministerio de Defensa británico.
En el comunicado, la Cancillería sostiene que “la navegación del HMS Medway por el mar territorial argentino constituye una violación a los mecanismos de fortalecimiento de la confianza en materia militar acordados entre ambos países tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas”. En particular, hace referencia a la Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991, que reemplazó parte de los acuerdos de Madrid de 1990 y fue actualizada posteriormente mediante la Declaración de Buenos Aires y Londres de 1993. Este es un mecanismo que obliga a ambas partes a intercambiar información y realizar notificaciones previo a determinados movimientos militares, obligación que, según el Gobierno argentino, no se respetó en este caso.
El comunicado también ve este episodio como una nueva acción unilateral de Reino Unido en el Atlántico Sur. Así, sostiene que el tránsito del HMS Medway se suma a decisiones previas de Londres que, a juicio de Buenos Aires, contravienen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a ambos países a abstenerse de realizar modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas mientras la disputa de soberanía permanezca abierta.
