Este sistema también afectaba negativamente a quienes intentaban hacer lo que en una economía sana debería ser incentivado: ahorrar. Durante extensos períodos, las tasas de interés ofrecidas por los bancos se mantuvieron muy por debajo de la inflación. La respuesta lógica ante tal escenario era retirar los ahorros del sistema financiero, buscar refugio en el dólar, invertir en bienes raíces o gastar antes de que el dinero perdiera su valor.
Simultáneamente, surgió otra distorsión perjudicial: una cultura del crédito que se fundamentaba en la expectativa de que las deudas se licuarían. Endeudarse podía resultar atractivo si se lograba una tasa subsidiada o artificialmente baja, seguida de una inflación que disminuía el valor real de las cuotas. En lugar de fomentar una cultura del ahorro y del crédito, desarrollamos un enfoque de escape del peso y un deseo de reducir las deudas.
Un sistema crediticio saludable requiere todo lo contrario: que el ahorro sea atractivo, que los depositantes obtengan una remuneración justa, que quienes piden prestado sepan que deberán devolver lo recibido y que los bancos obtengan beneficios al mediar entre ambos. Aunque puede parecer elemental, la realidad argentina ha demostrado que no lo ha sido durante demasiado tiempo.
Por consiguiente, uno de los cambios más significativos en la economía argentina merece ser reconocido con mayor entusiasmo: el crédito al sector privado está comenzando a recuperarse. En julio, el crédito bancario en pesos ascendió al 9,2% del PBI, y considerando los préstamos en moneda extranjera, llegó al 12,5%.
Aun así, seguimos rezagados. Según los criterios amplios y homogéneos del Banco Mundial, en 2024 el crédito al sector privado respecto al PBI representaba el 40% en Perú, el 76% en Brasil y el 104% en Chile. En Estados Unidos, ya superaba el 200%.
En el ámbito hipotecario, la diferencia es aún más notoria. El total de estos créditos apenas supera el 1% del PBI argentino, frente a cerca del 27% en Chile y cerca del 50% en Estados Unidos. Así, un país vecino posee un mercado hipotecario que, en relación a su economía, es más de veinte veces mayor al nuestro.
¿Cómo llegamos a esta situación? La respuesta principal radica en el déficit fiscal crónico. Durante años, y especialmente bajo el modelo kirchnerista, el Estado funcionó como una gran aspiradora de los recursos disponibles. Este déficit debía financiarse mediante la emisión de dinero, el endeudamiento del Tesoro o mediante recursos del Banco Central y del sistema financiero, ya sea de forma directa o indirecta.
Para los bancos, otorgar préstamos al Estado a tasas elevadas y con un consumo de capital reducido resultaba, en muchos casos, más atractivo que asumir el riesgo de financiar a una pyme, una familia o una inversión a largo plazo. Esto generó lo que se conoce como crowding out: el sector público desplazó al privado del mercado crediticio. De este modo, el escaso ahorro de los argentinos terminaba financiando al Estado, en lugar de destinarse a viviendas, maquinaria, comercios y empresas.
El equilibrio en las cuentas públicas que inició la presidencia de Javier Milei transforma esta ecuación. Un Estado que cierra sus cuentas y no gasta más de lo que recauda deja de competir por cada peso disponible. El ahorro puede crecer y regresar al sector privado. En términos simples: los bancos pueden volver a desempeñar su papel.
El crédito hipotecario probablemente refleje de manera más evidente este proceso social. Entre 2017 y principios de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, los créditos UVA propiciaron un verdadero renacer del crédito hipotecario. Decenas de miles de familias accedieron a la compra de su vivienda, aunque la posterior crisis económica truncó esa dinámica y complicó a los deudores en un clima de alta inflación.
A partir de 2024, el crédito volvió a ser una realidad. Desde entonces hasta el primer semestre de 2026, aproximadamente 65.000 familias pudieron acceder a un préstamo hipotecario.
En este contexto, el reciente programa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad cobra especial relevancia, ya que empezará a inyectar recursos a través de licitaciones de depósitos a plazo fijo UVA en los bancos para financiar créditos hipotecarios destinados a la primera vivienda. Este enfoque aborda un problema estructural: resulta complicado ofrecer préstamos a veinte o treinta años cuando gran parte de los depósitos puede retirarse en plazos mucho más cortos.
Las proyecciones apuntan a que estos recursos podrían traducirse en 20.000 nuevas hipotecas. Detrás de cada crédito hay argentinos con aspiraciones: serán 20.000 familias que transformarán futuros ingresos en patrimonio presente. Y esto es solo el inicio.
Hay un concepto más profundo que respalda todo esto: la construcción de una sociedad de propietarios. La posesión de una vivienda es, en gran parte del mundo, la principal manera de generar riqueza para la clase media. Una familia que abona durante dos décadas una hipoteca no solo resuelve su vivienda, sino que acumula activos que puede conservar, vender, alquilar o heredar.
Este razonamiento se extiende a la economía en su conjunto. El comerciante que expande su local, el profesional que adquiere equipamiento, el productor que compra maquinaria o la empresa que edifica una planta utilizan el crédito para anticipar inversiones que generarán futuros ingresos.
Así se activa uno de los motores del crecimiento: el ahorro se convierte en crédito; el crédito, en inversión; la inversión aumenta el capital y la productividad, y una mayor productividad permite un crecimiento sostenible de los salarios reales. Se genera un círculo virtuoso: la estabilidad promueve el ahorro, el ahorro facilita el crédito, el crédito impulsa la inversión y la inversión incrementa los ingresos.
No obstante, la expansión del crédito plantea también retos. Tras años de desintermediación, bancos, empresas y familias deberán reaprender a gestionar los riesgos. Existirá morosidad y errores tanto en conceder préstamos como en endeudarse. Se necesitará mejorar la evaluación del crédito y prevenir el sobreendeudamiento. El crecimiento del crédito demanda prudencia, profesionalismo y una regulación adecuada.
Sin embargo, sería un error concluir que el crédito es el problema. Las sociedades prósperas no son aquellas donde nadie se endeuda, sino aquellas donde una familia con ingresos estables puede financiar una vivienda a veinte años, y donde una empresa con un buen proyecto no debe esperar a reunir todo el capital antes de llevarlo a cabo.
Para avanzar, existe un requisito que antecede a todos los demás: mantener la estabilidad macroeconómica, fundamento del programa económico de Javier Milei y su ministro Luis Caputo. No hay espacio para crédito a largo plazo en una economía que destruye periódicamente su moneda, ni se puede generar un ahorro sólido cuando el ahorrista debe preocuparse constantemente por cómo protegerse ante la inflación, una devaluación o cambios arbitrarios en las reglas.
Por esta razón, el equilibrio fiscal tiene implicaciones que trascienden lo estadístico. Que el Estado deje de actuar como una aspiradora de crédito implica que esos fondos pueden destinarse a financiar una casa, una máquina, un comercio o una fábrica. La estabilidad no es solo una cuestión contable: es la infraestructura sobre la que se construye el futuro.
Argentina recién comienza este recorrido y los niveles de crédito siguen siendo sorprendentemente bajos. Sin embargo, el movimiento ha comenzado. Si mantenemos la estabilidad, cada giro puede acelerar el siguiente: más ahorro, más crédito, más inversión, más capital, mayor productividad y salarios reales más altos.
En algunos años, puede que lleguemos a confirmar que uno de los cambios más relevantes de este ciclo no ha sido solamente vencer la inflación o equilibrar las cuentas públicas, sino el hecho de que miles de argentinos vuelven a las entidades bancarias, piden un préstamo a veinte años y pueden soñar que, trabajando y cumpliendo con sus pagos, algún día esa casa les pertenecerá.
Esto va más allá de la recuperación del crédito. Es la posibilidad de forjar una sociedad con un futuro.
