Este reclamo surge tras la reciente reglamentación en Brasil de su programa nacional de Combustible Sustentable de Aviación (SAF), que establece metas obligatorias de reducción de emisiones en el transporte aéreo y se propone expandir el uso de combustibles sustentables en otros sectores. Desde CIARA-CEC subrayaron que la diferencia en el avance legislativo entre ambos países podría comprometer la competitividad argentina.
La entidad afirmó que Argentina requiere una actualización de su régimen actual para fomentar una mayor demanda interna de materias primas agrícolas y atraer inversiones en biocombustibles. “Brasil avanza en los biocombustibles de aviación civil y de uso marítimo, mientras nuestro país se queda en el banco de suplentes”, manifestaron desde CIARA-CEC, criticando la falta de progresos en el ámbito legislativo. A más de esto, extienden que una mayor utilización de bioetanol y biodiésel podría no solo ampliar el mercado interno para derivados de maíz, caña de azúcar y soja, sino también promover inversiones, creación de empleo y mayor actividad en las economías regionales.
Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, expresó su descontento con el panorama actual en Argentina. “Mientras Brasil construye futuro nosotros vivimos en el pasado”, dijo respecto al esquema regulatorio vigente y al proyecto que se discute en el Senado.
La inacción del Congreso contrasta marcadamente con el avance en Brasil; el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha establecido metas de reducción de emisiones para la aviación doméstica a partir de 2027.
Esta diferencia con Brasil se ha vuelto uno de los argumentos centrales de la industria aceitera. El Programa Nacional de Combustible Sustentable de Aviación (ProBioQAV) estipulado por Lula prevé un marco para la producción, certificación, comercialización y uso del SAF, además de metas progresivas para bajar las emisiones del sector a partir de 2027, buscando alcanzar una reducción del 10% para 2037.
Brasil prevé además una capacidad de producción de aproximadamente 2.100 millones de litros anuales de SAF hacia 2030, consolidándose así como un referente en combustibles sostenibles en la región.
CIARA-CEC considera que el caso brasileño ilustra cómo la transición energética puede ser utilizada como una herramienta para el desarrollo productivo y el agregado de valor en las cadenas agroindustriales. El sector sostiene que la discusión sobre biocombustibles no debería limitarse únicamente al ámbito energético. Argumentan que una política orientada a incrementar el uso de estos combustibles podría generar una demanda adicional de materias primas agrícolas y reforzar la base industrial argentina.
El objetivo que plantean es avanzar hacia un esquema que combine incremento en la producción, competencia e inversiones, con normativas que permitan el desarrollo de bioenergías a partir de materias primas agrícolas nacionales. “Es el momento de sancionar una Ley en Argentina que genere futuro”, enfatizó Idígoras, dirigiéndose al Congreso para acelerar la discusión del proyecto de reforma.
En el Senado, se están debatiendo varias propuestas para reemplazar el actual régimen de biocombustibles. Una de las iniciativas, promovida por el oficialismo, sugiere incrementar los cortes obligatorios, avanzar hacia un marco más desregulado y establecer un período de transición que concluya en 2031.
Para la industria aceitera, esta demora representa un coste significativo: mientras Brasil diversifica el uso de biocombustibles y se prepara para nuevas inversiones, Argentina podría perder valiosas oportunidades de potenciar el valor de su producción agroindustrial.
