Según se ha conocido, los jueces desean evitar que a partir de 2027 se produzcan alteraciones que perjudiquen el calendario electoral, especialmente en un contexto de elecciones presidenciales complejas y con múltiples listas. Entre algunos puntos aún no definidos se encuentra la votación de las categorías de legisladores del Mercosur.
Por lo tanto, los jueces consideran que cualquier reforma debe llevarse a cabo en este momento y no en sesiones extraordinarias o a partir de marzo, cuando ya se ha iniciado el cronograma electoral. En este sentido, la Justicia electoral solicitó responsabilidad política a través de una acordada de ocho páginas, suscrita por los camaristas Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, de manera unánime.
En el documento, se informa al Congreso sobre la importancia de que el tratamiento y aprobación de los proyectos de reforma al régimen electoral, así como a los partidos políticos o al financiamiento de campañas, “respete los estándares internacionales sobre la oportunidad de este tipo de modificaciones”.
“El momento adecuado para implementar cambios es de entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso electoral, permitiendo así un tiempo razonable para que tanto las autoridades electorales como los actores políticos ajusten su normativa interna en consonancia con las modificaciones legislativas”, indica el Manual para la Observación de Sistemas de Justicia Electoral de la Organización de Estados Americanos, citado por los magistrados.
El tribunal reafirmó su compromiso de mantener “un rol activo en la defensa de las condiciones institucionales” esenciales para asegurar la integridad del proceso electoral, subrayando que alterar el marco legal durante un proceso electoral puede resultar más perjudicial que beneficioso.
Los jueces resaltaron que los estándares internacionales sobre integridad sugieren no modificar las reglas estructurales del sistema electoral en la proximidad de los comicios, para brindar estabilidad a los actores políticos y a las autoridades encargadas de implementar dichas reglas.
Estas afirmaciones fueron respaldadas por especialistas tanto nacionales como internacionales, magistrados y referentes políticos en un seminario realizado en marzo, donde se evaluó la implementación del sistema de boleta única en las elecciones de 2025.
Ante la existencia de distintos proyectos de reforma electoral listos para ser discutidos en el Congreso y en vista de la cercanía del plazo aconsejado por las directrices internacionales, el tribunal decidió comunicarse con las autoridades pertinentes “para salvaguardar la previsibilidad y la integridad del próximo proceso electoral; asegurando así el tiempo razonable necesario antes del inicio del año electoral para la correcta y efectiva aplicación de las reformas”.
Sin embargo, los camaristas señalaron que la acordada no representa “un juicio de valor sobre el contenido, la conveniencia político-institucional o el mérito” de la reforma política, ya que este es un asunto que compete exclusivamente al Congreso Nacional.
