Así lo indica un análisis del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), que evaluó la condición financiera de las provincias y subrayó que este problema no se debe considerar un fenómeno aislado o exclusivo de ciertos distritos. El estudio advierte que cuando el desbalance financiero se generaliza, se convierte en un riesgo para la estabilidad macroeconómica, lo que implica que “el Gobierno nacional debe prestar atención a la evolución de las cuentas de las jurisdicciones”.
La afirmación de IDESA se produce en un entorno marcado por la incertidumbre relativa a la sostenibilidad de la estabilidad económica. Según el informe, una de las principales razones del estancamiento económico ha sido la duda existente sobre la posibilidad de mantener el esquema económico vigente.
En su análisis, IDESA tomó en cuenta la demanda de dólares por parte de los hogares. Desde que se levantó el cepo cambiario en abril de 2025, las adquisiciones de dólares oscilaron en torno a los USD 4.000 millones mensuales, un fenómeno especialmente pronunciado antes de las elecciones de medio término. Tras la victoria del oficialismo en esos comicios, la demanda familiar bajó, aunque se estabilizó en torno a los USD 2.000 millones mensuales. Para el instituto, esta demanda persistente refleja la incertidumbre y el deseo de las familias de proteger sus ahorros mediante la compra de dólares.
En este contexto, se analizó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que plantea prohibir la emisión monetaria como método para financiar déficits fiscales. Esta restricción afectaría tanto al Estado nacional como a las provincias y municipios.
Con dicho proyecto se busca imponer una obligación al Estado de mantener finanzas saludables, dado que la emisión de dinero dejaría de ser una opción para cubrir desequilibrios fiscales. Según IDESA, este enfoque apunta a generar confianza en la sostenibilidad de la estabilidad de precios y del dólar a largo plazo.
No obstante, el instituto también mostró cautela respecto a los límites de esta reforma. Según el informe, la experiencia de 2002 demostró que es posible revertir la prohibición de financiar déficits fiscales mediante emisión monetaria.
Por ello, IDESA considera esencial avanzar en un reordenamiento integral del Estado. Se sostiene que la estabilidad económica no puede depender únicamente de una restricción sobre la emisión de dinero, sino que requiere que las jurisdicciones mantengan sus finanzas ordenadas.
El Estado nacional logró un superávit financiero de 0,1% del PBI, mientras que las provincias mostraron un deterioro en 2025, resultando en un déficit que impactó en las cuentas del sector público consolidado. Los datos del Ministerio de Economía indicaron que en 2023, 13 provincias presentaron déficit financiero, acumulando un desbalance equivalente al 0,55% del PBI. Para 2024, este número se redujo a seis provincias y el déficit financiero conjunto cayó al 0,29% del PBI. Sin embargo, en 2025, las provincias con déficit se elevaron nuevamente a 14, llevando a un desbalance total del 0,46% del PBI, resultando en un desequilibrio financiero del sector público consolidado de 0,36% del PBI.
IDESA vincula la evolución de las cuentas provinciales con el comportamiento inflacionario y su efecto en el gasto público. Durante los primeros meses de 2024, la inflación permitió contenér el gasto estatal, mejorando la situación financiera de las provincias. Sin embargo, en 2025, con una inflación en declive, el gasto público se recuperó y la mayoría de las provincias vieron deteriorarse nuevamente su situación financiera, llevando a un aumento en el número de distritos en déficit.
Dentro de los gastos en aumento, el instituto resaltó los intereses de deuda y los gastos previsionales de las cajas no transferidas. Los intereses, afectados por las condiciones del mercado y la creciente necesidad de financiamiento, generan una presión extra para las provincias en su intento de cubrir desbalances.
El informe también destacó el aspecto de los sistemas previsionales provinciales, donde más de una quinta parte de los gastos totales corresponde al pago de jubilaciones y pensiones. Este gasto es considerado uno de los más desestabilizantes para las finanzas provinciales.
La conclusión del análisis sugirió que las provincias no pueden abordar estos problemas de manera completamente autónoma. Se propuso avanzar hacia un acuerdo de coordinación tributaria y de responsabilidades entre la Nación y las provincias para eliminar duplicidades en las funciones del Estado. Esta colaboración permitiría reducir el gasto público y mejorar la calidad de los servicios.
Además, se sugirió reformar el esquema tributario, planteando la creación de un “Súper IVA” que absorbería los Ingresos Brutos provinciales y las tasas de ventas municipales, con el fin de unificar la estructura tributaria. Esta iniciativa es parte del planteo de ordenamiento integral que se juzga necesario para respaldar la estabilidad económica, que incluye abordar de manera conjunta una reforma del sistema previsional debido a las dificultades enfrentadas por las provincias en sus sistemas jubilatorios.
