La propuesta establece que aquellas personas que se encuentren temporalmente en el país deberán hacerse cargo de los costos de los servicios médicos que reciban en los hospitales públicos de la provincia. De manera similar, se plantea que los extranjeros no residentes permanentes abonen un arancel por su acceso a la educación en instituciones universitarias públicas.
Sus promotores argumentan que los recursos estatales deben priorizar las necesidades de quienes residen y contribuyen fiscalmente en el territorio bonaerense. Con ese fundamento, proponen modificar el actual esquema de acceso gratuito a ciertos servicios públicos para quienes no tienen residencia permanente.
En el ámbito sanitario, el proyecto establece que los extranjeros afectados por la normativa deberán contar con seguro médico o cubrir los gastos por las atenciones recibidas. Se contemplan excepciones para situaciones de emergencia y otros casos, que serán definidos durante la discusión legislativa.
Los autores también han cuestionado cómo la atención a extranjeros impacta, de acuerdo con su visión, en el sistema de salud bonaerense, que actualmente enfrenta una presión considerable sobre sus recursos y capacidad de respuesta. En este contexto, proponen la creación de un mecanismo de compensación para las prestaciones brindadas a quienes no poseen residencia permanente.
La iniciativa también aborda el sistema universitario. Los legisladores argumentan que la gratuidad en la educación superior debería estar condicionada a la residencia, sugiriendo que los estudiantes extranjeros temporales deben pagar un arancel por las carreras que cursen en universidades públicas.
Este proyecto se enmarca en una de las discusiones que el Gobierno de Javier Milei ha promovido desde el comienzo de su mandato, relacionada con el acceso de extranjeros a servicios públicos financiados por el Estado. La temática ya ha sido objeto de debate en el Congreso Nacional y en diversas jurisdicciones, y ahora vuelve a ser planteada en la Legislatura bonaerense.
