Referentes de ambas vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina, en conjunto con dirigentes del Frente de Izquierda, insisten en la invalidez jurídica del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, argumentando que vulnera los principios establecidos en la Constitución Nacional.
El titular de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, rechazó enfáticamente la determinación del supremo tribunal, remarcando las severas implicancias que conlleva desproteger el territorio nacional frente al mercado financiero externo y cuestionando la inhabilitación del centro de excombatientes para intervenir judicialmente como parte legitimada en la defensa patrimonial del país.
Al respecto, el dirigente sindical señaló la paradoja de reconocer el valor de los veteranos de Malvinas en el ámbito bélico mientras se les niega capacidad de acción institucional para impedir que la titularidad del suelo patrio quede radicada en el extranjero. Por tal motivo, instó a concentrarse masivamente en las inmediaciones de los tribunales para manifestar el repudio a lo que considera una cesión injustificable de recursos estratégicos.
Desde la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky reafirmó la importancia de las medidas de fuerza colectivas y confirmó que el plan de lucha continuará con una jornada de acción el 15 de octubre. El legislador explicó que la estrategia parlamentaria apunta a consolidar el número necesario de diputados para tratar la anulación definitiva del decreto gubernamental, la asistencia presupuestaria para las personas con discapacidad y medidas contra el endeudamiento de los sectores populares.
Por otro lado, la diputada Myriam Bregman enfatizó que las sentencias del máximo órgano judicial no deben ignorar la amplia disconformidad social frente a la enajenación del patrimonio público, haciendo hincapié en la necesidad de preservar el control sobre el espacio territorial y sus bienes esenciales.
Asimismo, cuestionó el origen del requerimiento que motivó el pronunciamiento sobre el régimen de propiedad inmobiliaria rural, señalando que se evitó el debate legislativo para imponer una medida que compromete aspectos fundamentales del control nacional.
En la misma línea, el diputado Nicolás del Caño respaldó la convocatoria para exigir el financiamiento de la educación universitaria pública. El referente de la izquierda llamó a articular los reclamos del sector educativo, de salud y laboral, e instó a los sindicatos a decretar un paro general con movilización masiva para frenar el programa de reformas llevado adelante por la administración nacional.
