Esta decisión fue formalizada a través del Decreto 594/2026, cuya firma corresponde al subsecretario de Presupuesto, Rodrigo Germán Cabado, quien rubricó el expediente a las 10.52 del miércoles, cerca de seis horas antes de que Enzo Fernández y Lautaro Martínez aseguraran el 2-1 histórico frente a los ingleses en Atlanta.
El artículo 1° del DNU, que consta de 186 páginas, incluye modificaciones en un total de 111 programas de la Administración Central y de entidades descentralizadas, evidenciando un notable aumento en las erogaciones.
En total, 91 programas experimentaron ampliaciones de crédito por $ 4,79 billones, mientras que otros 16 vieron detrimento en sus fondos por $ 348.794 millones, resultando en un incremento neto del gasto de $ 4,44 billones.
El ministerio que más fondos recibió fue el de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, con adiciones por $ 2,32 billones. Dentro de este ministerio, el programa Desarrollo de la Educación Superior percibe $ 1,33 billones, de los cuales el 98% se destina a universidades nacionales, y el resto a becas. Este incremento se financia íntegramente con recursos del Tesoro Nacional.
Dentro del ámbito de Capital Humano, también se amplían las Políticas Alimentarias, que reciben $ 624.308 millones adicionales, y las transferencias a la ANSES que se elevan en $ 286.580 millones.
El Ministerio de Economía se posiciona en segundo lugar con un incremento de $ 835.408 millones, mayormente debido a la política de subsidios en energía eléctrica. En el marco del aumento de la demanda de electricidad durante el invierno, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) recibirá transferencias por $ 638.395 millones.
Asimismo, en la Presidencia de la Nación, el programa Información e Inteligencia, de la secretaría de Inteligencia del Estado, recibe un incremento de $ 49.261 millones, constituyendo uno de los diez aumentos más sustanciales del decreto. Este área está bajo la dirección de Cristian Auguadra, vinculado a Santiago Caputo.
También se asignan más recursos al Poder Judicial, que recibe $ 111.138 millones adicionales; al Ministerio Público, con $ 230.460 millones; y al Ministerio de Salud, que obtiene $ 158.349 millones, así como al Poder Legislativo, con un aumento de $ 89.422 millones, entre otros sectores.
El recorte más significativo contemplado en el decreto no afecta a un ministerio específico, sino que impacta en dos empresas públicas nacionales, dentro de la categoría de Obligaciones a Cargo del Tesoro. Energía Argentina S.A., anteriormente conocida como IEASA o ENARSA, pierde $ 238.395 millones en transferencias corrientes, mientras que Nucleoeléctrica Argentina (NASA) registra una disminución de $ 65.000 millones en transferencias de capital. En conjunto, ambos representan una reducción de $ 303.395 millones, que equivale al 87% de los recortes realizados en el decreto.
El resto de las disminuciones se distribuyen entre la unidad de coordinación institucional del Ministerio de Seguridad, que baja en $ 14.654 millones; el Alistamiento Operacional de la Armada, que se reduce en $ 4.640 millones; y Actividades Centrales de Economía, que pierde $ 2.931 millones, así como varias partidas de menor cuantía.
Los cambios en el Presupuesto no especifican las fuentes de financiamiento, lo que cobra relevancia, ya que se desconoce si el incremento neto de $ 4,45 billones se financiará mediante una mayor recaudación prevista, la utilización de saldos de caja o mediante un endeudamiento adicional.
El mismo acto administrativo también incluye modificaciones en las estructuras de personal de diferentes organismos a través del Artículo 3°, además de una contribución al Tesoro Nacional de $ 280.511 millones, que deberá ser asumida por el Ministerio de Capital Humano, monto que equivale al 12% del aumento que dicha cartera recibió en materia de gasto.
El decreto cuenta con las firmas de los ministros Diego Santilli, Pablo Quirno, Carlos Presti, Luis Caputo, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.
Previo a esto, el Gobierno ya había realizado una modificación al presupuesto aprobado en enero de este año, correspondiente a la primera gestión de Javier Milei, en la cual se implementaron ajustes significativos en educación, reduciendo $ 78.000 millones, y recortes en infraestructura de $ 5.300 millones destinados a las universidades.
