La investigación se inició en diciembre de 2025, tras la denuncia de una víctima que había transferido dinero por el alquiler temporal de una propiedad en Mar del Plata, en una operación que resultó ser fraudulenta. Dos meses después, un segundo afectado reportó que, tras recibir llamadas de supuestos representantes de empresas, le robaron accesos a sus aplicaciones y clonaron sus cuentas digitales para intentar obtener transferencias de sus contactos.
Los investigadores examinaron registros telefónicos, movimientos financieros e impactos de direcciones IP, lo que permitió identificar a los presuntos líderes de la organización dentro de las Unidades Penitenciarias N.º 28 y 35. Este análisis reveló la participación de internos que, con el apoyo de cómplices en libertad en Magdalena y San Justo, habían establecido un esquema de estafas utilizando teléfonos celulares y cuentas falsas.
El 18 de marzo de 2026, un primer allanamiento en la Unidad 28 de Magdalena resultó en la detención de Rubén Andrés Grasso, quien enfrenta una condena de cadena perpetua por el doble homicidio de Leonardo “Alex” Fernández y Jéssica Alberti Cigola, perpetrado el 24 de octubre de 2019 en San Fernando. La confiscación de un celular en esta operación fue crucial para las pesquisas.
El análisis de este dispositivo permitió identificar la implicación de Rodolfo Ezequiel Guzmán, sargento del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y encargado del pabellón en el que estaba recluido el doble asesino, para quien habría gestionado solicitudes y transferencias. También se localizaron domicilios vinculados a otros internos y colaboradores externos.
Dos meses después, el lunes, la Justicia emitió nuevas órdenes de allanamiento que llevaron a la detención de Nicolás Adrián Corbalán, Jonathan Agustín Corbalán (ambos recluidos en la Unidad 35), Agustina Nahiara Molina y Yamila Soledad Solorzano.
Por su parte, el penitenciario Guzmán fue formalmente imputado por su supuesta colaboración con la organización. Entre los objetos incautados se incluyen cinco teléfonos celulares y un automóvil Peugeot 307. Además, existe un pedido de localización vigente sobre Agustina Nahiara Molina por una causa de extorsión que está siendo investigada por la UFI 2 de Azul.
De acuerdo con los antecedentes judiciales, Jonathan Corbalán cumple una pena de cuatro años impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 3 de Quilmes por robo agravado y tentativas de robo, mientras que Nicolás Corbalán está cumpliendo una condena por “robo agravado en poblado y en banda en concurso real con robo simple”, dictada por el TOC Nº 1 de Quilmes.
