El caso involucra una larga disputa familiar por herencia, un crédito bancario de solo 90.000 pesos, dos estancias que suman unas 30.000 hectáreas, una subasta judicial y, años después, la aparición de Lázaro Báez como comprador. Esta secuencia es lo que una nueva denuncia penal intenta establecer ante la Justicia Federal y que podría dar lugar a una indagatoria sobre una de las operaciones inmobiliarias más notables de la Patagonia. Cabe recordar que Báez llegó a poseer 35 estancias, con una superficie mayor que la de la empresa italiana Benetton.
Ana Edith Bórquez de Fadul realizó la presentación ante el juez federal Sebastián Ramos. La denunciante alega haber sido despojada de parte de su patrimonio familiar y argumenta que detrás de esta maniobra podría existirse una serie de decisiones empresariales, bancarias, judiciales y políticas coordinadas. Bórquez de Fadul cuenta con el respaldo de la ex diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, y del abogado Federico Bazzan.
En el foco de la denuncia se encuentran las estancias Río Bote y La Entrerriana, que integraban la explotación agropecuaria de la familia Fadul. Según la presentación, ambos establecimientos funcionaban como una unidad productiva abarcando aproximadamente 30.000 hectáreas. Similarmente, Río Bote fue mencionado por el fiscal Diego Luciani entre las estancias que solicitó su decomiso en el juicio de Vialidad. La Fiscalía planteó que debía decomisarse el conjunto de propiedades de Báez y las empresas relacionadas. Sin embargo, Río Bote no fue rematada por orden del TOF 2 en Vialidad, fue subastada en 2022 en el marco de la quiebra de Austral Construcciones, y vendida por unos 39 millones de pesos, mucho antes de finalizar el juicio. Por su parte, La Entrerriana también está dentro del universo de estancias adquiridas por Báez y Austral Agro, estudiada en el juicio de Vialidad, pero no figura entre las 12 estancias cuyo decomiso fue solicitado explícitamente por Luciani.
La denuncia no se limita a acusar a Báez, sino que también solicita investigar al ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, al abogado Domingo Ortiz de Zárate, a los ex jueces Santiago Lozada y Graciela Drudi de Mau, a los ex traficantes de armas Diego Palleros padre e hijo y a otros actores involucrados en esta compleja trama.
Se menciona a Néstor Kirchner y Carlos Felipe Fadul, ambos fallecidos, como parte del contexto que se necesita para reconstruir los hechos. La eventual responsabilidad penal de los individuos mencionados deberá ser determinada por la investigación judicial.
La controversia se remonta a 1987, tras el fallecimiento de José Héctor Fadul, cuando sus hijos Héctor José y Carlos Felipe decidieron la distribución de la herencia a través de un laudo arbitral. Carlos Felipe debía recibir una compensación equivalente a 100.000 kilos de lana, pagaderas en diez cosechas. Sin embargo, una serie de problemas climáticos y productivos impidieron que se cumpliera con esta obligación. La deuda fue incrementándose por penalidades hasta alcanzar, según la documentación adjuntada a la denuncia, un total de 427.320 kilos de lana en marzo de 1998, que a valores de ese entonces equivalen a unos 726.000 dólares.
Héctor Fadul mantuvo su participación en GUERNICA S.A.A.G.I. y C., la empresa que gestionaba Río Bote y La Entrerriana. Tras ser nombrado juez de la Cámara Criminal de Santa Cruz, su esposa Ana Edith Bórquez asumió la administración de la empresa y adquirió el 25% de las acciones. En este contexto, surge otro actor central en la denuncia: Lázaro Báez.
Bórquez alega que las operaciones financieras de la sociedad eran llevadas a cabo a través del Banco de la Provincia de Santa Cruz, donde Báez se encontraba a cargo del área de créditos agropecuarios. En 2003, Báez dejó el banco para dedicarse al sector de la construcción. En 1993, Bórquez se trasladó a Buenos Aires en busca de financiamiento para diversificar las actividades de la empresa. Durante su visita, conoció a Diego Emilio Palleros, quien le propuso pedir un crédito entre 5 y 6 millones de dólares, a pesar de que la necesidad financiera de la empresa era considerablemente inferior.
La condición era asegurarse el aval del Gobierno de Santa Cruz, es decir, del entonces gobernador Néstor Kirchner. Según Bórquez, Palleros le entregó la tarjeta de su hijo, quien residía en Río Gallegos. Unas semanas después, Báez le preguntó en el Banco de Santa Cruz si la empresa aceptaría los proyectos que Palleros había propuesto. Al recibir una respuesta negativa, la denunciante sostiene que el comportamiento del banco hacia la empresa comenzó a cambiar, con reclamos de saldos, solicitudes de documentación y exigencias de cancelación anticipada.
Otro punto que la Justicia deberá investigar es la situación de los documentos que terminaron en el estudio de un abogado de Kirchner. En julio de 1993, Bórquez acudió junto con un escribano al estudio contable Manzanares y Montané para recuperar documentación de GUERNICA y fue informada de que dicha documentación había sido enviada a las manos del abogado Domingo Ortiz de Zárate, vinculado al entonces gobernador Kirchner. Según Bórquez, esos documentos nunca fueron devueltos, y considera que este hecho podría haber sido parte de “una maniobra más amplia”, solicitando que se determine qué documentación salió de la empresa, quién la recibió y cómo se utilizó.
En paralelo, la situación financiera de GUERNICA se agravó, originando uno de los expedientes judiciales a partir de un crédito otorgado por el Banco de Santa Cruz el 13 de diciembre de 1992, por el cual se solicitaban 90.000 pesos. Este préstamo debía cancelarse en dos cuotas con un interés del 2% mensual, además de una cláusula penal. La denuncia sostiene que esta deuda relativamente pequeña culminó comprometiendo una vasta explotación rural.
El banco habría desestimado opciones de refinanciamiento y avanzó con la ejecución, involucrando así las tierras de Río Bote y La Entrerriana. La denunciante asegura que la deuda se multiplicó hasta llegar al remate de las propiedades, a pesar de las objeciones realizadas por la familia. En 1999, intentaron evitar el remate invocando normativas provinciales que protegían las unidades productivas rurales y las leyes de emergencia agropecuaria, así como la situación crítica en Santa Cruz, pero fracasaron en su intento.
