La demanda explica que la ciudad, bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en aquel momento, enfrentó una “consecuencia patrimonial concreta”: el costo de los salarios de los docentes y del personal no docente, quienes no pudieron realizar sus tareas debido a la ocupación. Este monto se calcula sumando los costos laborales del personal de la mencionada escuela y de la Escuela de Comercio N° 26 Enrique de Vedia, que opera en el turno nocturno en el mismo edificio.
El texto de la demanda indica que la imposibilidad de dictar clases generó perjuicios pedagógicos y logísticos, afectando no solo al gobierno de la Ciudad, sino también a toda la comunidad que contribuye a la educación pública a través de sus impuestos. En respuesta a una consulta, la Procuración General de la Ciudad solicitó más tiempo para ofrecer una respuesta al caso.
En el contexto de la toma, Soledad Acuña, quien en ese momento era ministra de Educación, había señalado previamente que el gobierno porteño tenía la intención de elevar reclamos a la Justicia. Afirmó: “Los adultos responsables de aquellos alumnos que participan de las tomas deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares”. Además, mencionó que se estaban preparando denuncias civiles y penales contra los padres de los alumnos involucrados.
La base legal de la demanda se establece en el artículo 1754 del Código Civil y Comercial de la Nación, que indica que los padres son solidariamente responsables por los daños causados por sus hijos cuando estos residen con ellos y están bajo su responsabilidad. También se cita la ley de educación nacional, que sostiene que los padres deben garantizar la asistencia de sus hijos a las escuelas.
A su vez, se hace referencia a una resolución del Ministerio de Educación porteño de 2018, conocida como el “protocolo antitomas”, que establece pautas de convivencia escolar y la corresponsabilidad de las familias ante estas situaciones. Según dicho protocolo, cuando el control gubernamental de la escuela se pierde, la responsabilidad de las familias se activa.
El protocolo indica que la máxima autoridad escolar debe contactar inmediatamente a los padres para que retiren a sus hijos del establecimiento si no se puede prestar el servicio educativo. Los alumnos deben salir acompañados de un adulto responsable, quien deberá firmar un acta que establece que, mientras dure la toma, la responsabilidad sobre el menor recaerá únicamente en él. Asimismo, se debe dejar constancia escrita de aquellos padres que no hayan retirado a sus hijos, registrando los motivos y notificando que la responsabilidad legal sobre el alumno recae exclusivamente sobre el adulto responsable durante la toma.
Las 69 familias incluidas en este reclamo son aquellas que no retiraron a sus hijos durante la ocupación, la cual dio inicio el 26 de septiembre de 2022 y finalizó el 5 de octubre del mismo año. Luego de diez días de ocupación, y ante el descontento de muchos alumnos y sus familias, se habilitó la opción de retomar las clases en un edificio de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, y finalmente se levantó la toma.
Los estudiantes habían participado en la protesta convocada por el centro de estudiantes de la Escuela Normal Superior N°2 en Lenguas Vivas Mariano Acosta, como respuesta a la calidad de las viandas, reformas que se consideraban inconsultas y la persecución política hacia los centros de estudiantes. Tras la protesta inicial, otros colegios porteños también fueron ocupados, generando un conflicto que involucró a más de diez instituciones en diferentes momentos.
