En una audiencia pública convocada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para analizar los aranceles que afectarían a 59 países y a la Unión Europea, ministros y representantes de México, Perú, Guatemala y Ecuador rechazaron las acusaciones de no aplicar las normativas contra el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro, asegurando que cuentan con leyes y procedimientos diseñados para abordar esta problemática.
El subsecretario de la Secretaría de Economía de México, Ernesto Acevedo Fernández, afirmó que “México ha hecho de la lucha contra el trabajo forzoso una prioridad seria” y enfatizó que la implementación de un arancel adicional del 10% perjudicaría injustamente a miles de empresas mexicanas que operan conforme a la ley.
La propuesta de la USTR considera una exención para los productos originarios de México que se alineen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Los aranceles propuestos por la USTR contra México son injustificados, ya que no hay evidencia de importaciones con trabajo forzoso que accedan a Estados Unidos a través de México”, aseguró Acevedo.
Las audiencias de esta semana son parte del procedimiento legal del gobierno estadounidense para aplicar gravámenes fundamentados en la “Sección 301” por la presunta falta de cumplimiento de prohibiciones sobre la importación de productos fabricados con trabajo forzoso. La USTR sostiene que esta práctica en las cadenas de suministro extranjeras lesiona la competencia de los trabajadores norteamericanos.
Los nuevos aranceles son considerados, en términos generales, como una forma de reemplazar el gravamen temporal del 10% que se instauró en febrero, luego de que la Corte Suprema anulara los aranceles globales impulsados por Trump basados en una ley de emergencia. Este esquema tiene un plazo que vence el 24 de julio.
Un grupo de 22 fiscales generales de estados de la oposición al gobierno presentó el lunes sus objeciones a los aranceles sobre trabajo forzoso, describiéndolos como un “intento de encubrir aranceles amplios premeditados” que constituyen un abuso de la autoridad de la Sección 301. En su carta al representante comercial de EE. UU., anticiparon la posibilidad de una impugnación judicial en el futuro.
El director de negociaciones comerciales de Perú, José Luis Castillo Mezarina, solicitó que su país sea eximido de cualquier tipo de arancel, argumentando que “en el caso peruano no se ha establecido una carga concreta sobre el comercio estadounidense, ni se ha cumplido el estándar probatorio exigido por la Sección 301, y la relación comercial bilateral no justifica una medida de esta índole”.
Simultáneamente, se llevó a cabo una audiencia sobre un arancel propuesto del 25% a productos provenientes de Brasil, en el contexto de una investigación separada sobre prácticas comerciales desleales. Esta audiencia concluyó con la comparecencia del senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien tiene intenciones de postularse en las próximas elecciones presidenciales.
Varias siderúrgicas y grupos comerciales abogaron durante la audiencia por una exención para el arrabio importado, esencial en la producción de acero en hornos eléctricos de arco. Esta materia prima, que no está accesible para compra en los productores nacionales con altos hornos como U.S. Steel y Cleveland-Cliffs, había sido eximida de los aranceles del 50% al acero por razones de seguridad nacional bajo la Sección 232, aunque ahora podría estar sujeta al nuevo arancel propuesto por trabajo forzoso, lo cual aumentaría los costos para empresas como Nucor y Steel Dynamics.
Brandon Farris, vicepresidente ejecutivo de la Steel Manufacturers Association, advirtió que, de no concederse exenciones, los aranceles sobre el arrabio importado desde Brasil, un proveedor significativo, podrían llegar al 37,5%, al sumarse a los gravámenes específicos destinados a Brasil, lo que perjudicaría la competitividad de la mayor parte de la producción nacional de acero.
