En el momento en que los diputados discutían el envío a comisiones de diversas iniciativas que buscan mitigar la difícil situación de más de seis millones de morosos y la propuesta para prorrogar la emergencia en discapacidad por un año, Julieta Molina se expresó desde un escenario improvisado en la calle, con la espalda al Congreso. Su voz, entrecortada, resonó entre la multitud que se agolpaba en las calles de Rivadavia y Entre Ríos, creando una conexión entre dos realidades: la de los endeudados y la de las familias del colectivo de la discapacidad, que se cruzaron por primera vez.
Como ella señala, su situación refleja la de miles que aún no están reflejados en las estadísticas de deuda y morosidad, pero que se ven obligados a endeudarse para cubrir medicamentos, tratamientos o necesidades nutricionales específicas, o debido a la falta de empleo y trabajos mal remunerados que hacen que no alcance el dinero.
“Estamos casi todas endeudadas”, comparte Julieta con un grupo de madres que atraviesan experiencias similares con hijos con discapacidad. Desde el espacio Movida Ciudad, que está vinculado a Ni Una Menos y Mamá Cultiva, han ayudado a decenas de familias a enfrentar esta realidad complicada, creando un “manual de autodefensa financiera” para orientarlas en cómo sortear esta crisis y organizarse.
Su experiencia proporciona una visión del agravamiento de la situación. Explica que quienes se dedican al cuidado son las más empobrecidas, un hecho que rara vez se menciona. Desglosa cómo se fue formando la crisis, que comienza con los problemas laborales y salariales, sigue con el ajuste en discapacidad, y finaliza con la explotación por parte de bancos, fintechs e incluso prestamistas familiares. Todo esto crea un ciclo perjudicial que deteriora aún más la calidad de vida de estas familias.
Julieta comparte cómo su vivencia en un centro de atención ha cambiado: “El lugar donde asiste mi hijo cerró parcialmente el año pasado, disminuyendo su atención de cinco a solo tres días a la semana. En esos dos días que él no asiste, yo tampoco puedo trabajar. Y hay que sumar los días en que él sufre convulsiones, lo que puede llevar tres o cuatro días hasta que se estabiliza. Sin los apoyos necesarios y las terapias a las que antes accedíamos con el CUD, ahora debemos cubrir todo con nuestros propios recursos, lo que se complica por la reducción de nuestras horas laborales y la crisis económica. Al principio gastas tus ahorros, luego te endeudas con el banco, y así es como se va sumando la carga. Contratar una niñera es carísimo, porque se trata de un trabajo extremadamente complejo: nuestros hijos pueden ser agresivos y necesitan cuidados intensivos. Con los costos de las terapias cada vez más elevados, se vuelve imposible encontrar personal, ya que muchas profesionales optan por otros trabajos. Esto nos obliga a quedarnos en casa, lo que no solo nos lleva a la deuda, sino que también entorpece nuestras relaciones y reestructura nuestra vida.”
Página/12 conversó con varias familias del colectivo de discapacidad para conocer sus experiencias. En muchos casos, las deudas resultan del alto costo de cuidados y tratamientos. Las identidades de algunos testimonios han sido modificadas a solicitud de los entrevistados. Sus relatos podrían ser oídos en las discusiones parlamentarias sobre Finanzas y Discapacidad:
*Mariela trabaja en el sector público y ha tenido un empleo formal por primera vez tras varios años vendiendo pañuelitos en estaciones de tren. Viuda y madre de tres hijos, depende de una silla de ruedas desde un accidente hace más de 20 años. Alquila un departamento en la ciudad. La deuda comenzó tras un problema familiar respecto al pago de la renta, lo que la llevó a solicitar un préstamo en el banco donde percibe su salario. Aunque las tasas de interés eran razonables en 2024, más tarde se volvió incapaz de cumplir con las cuotas. “La última vez que revisé, sólo de intereses debo tres millones. Ya no quiero ni mirar cuánto es”, comentó.
*Laura, también empleada pública, tiene un hijo con discapacidad intelectual y no ha podido abonar su deuda desde hace medio año. A pesar de haber refinanciado su deuda dos veces, su situación sigue siendo crítica, debe $3 millones. Con un salario de 1.400.000, complementa su ingreso con trabajos auxiliares, pero su sueldo se esfuma rápidamente. “El presidente y el gobierno hablan de la familia, pero no tienen idea de lo que es realmente. Es absurdo que uno deba pasar por esto haciendo malabarismos para sobrevivir”, expresó.
*Patricio, paisajista, sufre una discapacidad motriz leve debido a un accidente. La combinación de las operaciones, la recuperación y la disminución de sus trabajos lo han llevado a una situación precaria. Solicitó un pequeño préstamo para comprar alimentos, pero nunca lo saldó. Desde entonces, ha enfrentado amenazas de cobranza. “Si me ocurrió a mí, que, a pesar de todo, puedo seguir trabajando, no quiero pensar en quienes están en peores condiciones”.
*Andrea, diagnosticada con esquizofrenia paranoide, busca seguir laborando en la medida de lo posible. Recibe una pensión equivalente al 70% de una jubilación mínima y complementa sus ingresos con trabajos esporádicos. “No me alcanza. Si no pido préstamos, todo se viene abajo”, admite. La deuda la adquirió inicialmente para pagar una factura de luz que llegó por 200 mil pesos.
*Patricia, joven y residente en CABA, se desplaza en silla de ruedas y se dedica a diversas disciplinas artísticas. Reconoce que los costos de su situación son elevados, la mayor parte de su dinero se destina a los gastos médicos. “Si me sucede algo, es un gran problema. Parte de mi atención médica no está cubierta; por ejemplo, la silla de ruedas solo se renueva cada dos años. Si se rompe algo, no tengo otra opción que encontrar el dinero para repararlo. Me endeudé por esa razón”, explica. Algunas veces ha necesitado la ayuda de amigos y familiares para saldar sus cuentas.
El caso de Incluir Salud, la obra social estatal para personas con discapacidad, revela la magnitud de una deuda que es generada por el propio Estado con las instituciones que brindan apoyo y tratamiento a estas personas. Algunos organismos, como la Fundación IRAM de Córdoba, enfrentan una situación crítica, debido a que el Estado les debe más de $148 millones en pagos atrasados desde noviembre de 2025, lo que ha incrementado la crisis financiera del centro y ha provocado la reducción de servicios y de personal.
La demora en los pagos ha llevado a recortes en salarios y a dificultades para cumplir con cargas sociales, una realidad que enfrentan muchas instituciones del AMBA que también han atravesado serios problemas financieros en lo que va del año. “Los ingresos no son suficientes. Estamos debiendo sueldos desde mitad de mayo, todos junio, julio y ahora se sumó agosto”, señala una de las directoras de IRAM. “Si bien tenemos otras obras sociales, no alcanzan para cubrir los gastos. Solo podemos priorizar lo más urgente para mantener la institución aunque estamos al borde”. Algunas iniciativas de recaudación, como rifas, ya no generan suficientes ingresos. Además, la falta de financiamiento ha llevado a la proyección del cierre de un espacio de formación para jóvenes egresados de la secundaria, lo que afectará a 40 personas con discapacidad.
En junio, la justicia en Córdoba requirió al Gobierno que regularice las deudas con PAMI e Incluir Salud, pero aún no se ha concretado. “El recorte en el sistema de prestaciones lleva al empobrecimiento de las familias”, afirma la abogada que impulsó el amparo, madre de un hijo con discapacidad. “Continuamos luchando para extender la emergencia por un año, aunque el Gobierno no lo quiera, y para que respete la ley vigente, lo cual no está haciendo. Aún se deben compensaciones por dos años de congelamiento de aranceles y las actualizaciones deben aplicarse sobre la base real del atraso. Esto resulta en una gran carga económica que lleva a que los niños pierdan terapias, aprendan poco y socialicen menos”, concluye.
